El Tribunal Constitucional (TC) ha remitido a los letrados de la Junta y a la Abogacía del Estado una comunicación en la que da cinco días al Ejecutivo central para que se pronuncia sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas de los funcionarios andaluces.

En el escrito, consultado por Efe, el Constitucional da por recibidas las alegaciones presentadas el 29 de septiembre por los letrados de la Junta y del Parlamento andaluz al recurso del Gobierno central contra el Decreto-Ley de la Junta del 11 de octubre de 2016 que devolvía a los empleados públicos andaluces la jornada laboral de 35 horas semanales que durante la crisis fue elevada a 37,5 horas por el Gobierno para todos los funcionarios de todas las administraciones públicas.En base a este Decreto-Ley, los funcionarios andaluces disfrutaron desde enero de la jornada de 35 horas a excepción de los docentes, a los que se les empezaba a aplicar progresivamente al inicio del curso actual.

Sin embargo, el Gobierno recurrió el decreto andaluz y pidió su suspensión cautelar, suspensión que el TC acordó en junio, si bien en periodo estival los funcionarios gozan de jornada especial y la suspensión cautelar puso en apuros a la Consejería de Educación al no poder aplicárselo a los docentes al inicio de curso aunque ya había hecho la planificación de plantillas por centros en base al nuevo horario y por tanto con más docentes.

La Junta presentó el pasado viernes sus alegaciones a este recurso en las que pide el levantamiento de las suspensión cautelar y ahora el TC da traslado a las partes de las mismas e insta al «abogado del Estado y a la representación legal del Parlamento de Andalucía para que en el plazo de cinco días expongan lo que consideren conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión».

Desde el Gobierno andaluz han instado reiteradamente al Ejecutivo central a retirar el recurso y al PP-A a exigírselo, cuyo líder Juanma Moreno, reconoció ser partidario de «eliminar la suspensión cautelar»

CSIF-A espera que el Gobierno central «sea sensible ante la pérdida de derechos continuada que han sufrido los empleados públicos andaluces» y se posicione a favor de retirar las medidas cautelares sobre la jornada de 35 horas semanales que solicitó en el recurso al Constitucional presentado el pasado mes de julio.

El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, espera que el Ejecutivo de Rajoy «rectifique en su decisión de volver a atacar a los empleados públicos andaluces, escuche a la calle y deje hablar a los tribunales sin ejecutar las medidas.