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Andalucía negocia devolver 1.600 euros a cada funcionario pero rechaza las 35 horas

news paper828/05/2016 Susana Díaz quiere sellar la paz con sus empleados públicos pero necesita 300 millones para devolver la extra de diciembre de 2012. La plantilla sanitaria está “carbonizada”

El Gobierno andaluz quiere sellar, de una vez, la paz con sus más de 250.000 trabajadores públicos y negocia a todo tren un acuerdo con los principales sindicatos de la función pública. La orden política es cerrar un acuerdo antes de que arranque la campaña electoral del 26-J y calmar los ánimos de una plantilla pública, sobre todo en la sanidad, ‘carbonizada’ por los recortes. Ahora mismo ese acuerdo parece inalcanzable.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, escenificó el pasado julio un gran acuerdo con CSIF, UGT y CCOO pero los ánimos siguen encendidos. El pasado febrero la Junta cumplió su compromiso, aunque fue la última comunidad en hacerlo, de abonar el 25% de la extra de 2012 que fue recortada por el Gobierno central en plena crisis y que los tribunales habían obligado a restituir. Los sindicatos ganaron la batalla judicial al aprobarse el recorte con el semestre ya iniciado; los empleados públicos habían trabajado 44 días. El Gobierno central, que ya había restituido ese 25% el pasado enero, se ha comprometido a devolver el 50% en la nómina de mayo. Necesitará unos 500 millones de euros.

Tras este compromiso, que los sindicatos criticaron por electoralista pero que abrazaron sin dudarlo, ha subido la presión para la Junta de Andalucía. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha acelerado los contactos en la mesa de negociación con CCOO, UGT y CSIF. La Junta defiende que ya ha cumplido con compromisos como la devolución del 25% de la extra de 2012 y ha devuelto al cien por cien la jornada y el sueldo de su personal sanitario(sufrieron un recorte del 25%) y de sus 44.000 trabajadores interinos y temporales (con un recorte del 10% en jornada y salario).

El mapa de la devolución de la paga extra de 2012 ha abierto una brecha entre los trabajadores públicos del Estado y las distintas comunidades

El mapa de la devolución de la extra’ genera desigualdades entre los trabajadores públicos, insiste CSIF. Extremadura ya ha devuelto toda la paga. La Rioja abonó lo que le faltaba el pasado marzo. Asturias y Baleares abonaron el tercer plazo, llegando al 75%, en enero. Navarra va por detrás, pagó el segundo. Andalucía solo ha abonado el primer cuarto al inicio de este año. Y Madrid, que abonó en enero el tercer 25%, se comprometió a abonar antes de octubre el último 25%.

El capítulo de personal de la administración pública andaluza (10.066 millones de euros en un total de 31.285) registra en el Presupuesto de 2016 un aumento de 444 millones para una nueva oferta de empleo público de 7.100 plazas tras años sin oposiciones. Hacienda admite que no tiene más margen. La devolución de la extra íntegra de diciembre de 2012 a todos sus trabajadores supondría 300 millones de euros. Su oferta es pactar un calendario que permita la devolución de estas cantidades durante toda la legislatura. Según datos de la Consejería de Hacienda, la paga media extraordinaria es de 2.000 euros brutos, unos 1.680 euros netos, por trabajador. “Más allá de ese cronograma con compromisos de pago no podemos hacer más”, insisten.

El sindicato CSIF eleva la cantidad necesaria para saldar esa extra de 2012 a unos 400 millones de euros. Pero subraya que la cifra necesaria para saldar “años de duros recortes” a los empleados públicos sería mucho más abultada, unos 1.000 millones de euros, en el caso de que tuvieran que devolver los complementos autonómicos y los recortes en las pagas extras en 2013 y 2014. El principal escollo en la mesa de negociación, según este sindicato mayoritario en la administración andaluza, está ahora mismo en la reclamación de que los trabajadores públicos vuelvan a sus jornadas de 35 horas semanales, cobrando al cien por cien. El Gobierno de Rajoy impuso las 37,5 en 2012. La Consejería de Hacienda deja claro que eso ahora mismo es “innegociable” y da un portazo a esa reclamación. Pero no lo va a tener nada fácil.

Barones socialistas y Carmena, con las 35 horas

En Extremadura la Junta del socialista Guillermo Fernández Vara estudia en estos momentos vías para devolver a su plantilla pública (unos 15.000 trabajadores) la jornada de 35 horas semanales que prometió en la campaña electoral. Castilla-La Mancha se enfrenta a un recurso ante el Tribunal Constitucional, interpuesto por el Gobierno central, por haber implantado esa jornada reducida. La admisión a trámite de este recurso ha supuesto volver a las 37,5 horas el pasado 20 de mayo entre fuertes protestas de los trabajadores, sobre todo de la plantilla sanitaria. En este caso, otro de los barones socialistas, Emiliano García-Page, lidera una guerra sin cuartel contra el Gobierno de Mariano Rajoy por las horas de los funcionarios. País Vasco también ha implantado las 35 hora semanales. En Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena, ha devuelto, con los votos a favor de PSOE y Ahora Madrid, la jornada de 35 horas. El pleno municipal aprobó esa medida el pasado miércoles. La ampliación a las 37,5 horas, según el Ayuntamiento madrileño, supuso “no solo una destrucción de puestos de trabajos sino también un deterioro importante en la calidad de los servicios públicos”.

Los sindicatos andaluces elevarán la presión para que Susana Díaz se sume a otros ‘barones’ socialistas e imponga las 35 horas. Hacienda lo descarta al 100%

Esos son precisamente los argumentos enarbolados por CCOO, UGT y CSIF en Andalucía para exigir a Susana Díaz que se sume a las medidas del resto de barones socialistas y anuncie las 35 horas. El coste para una plantilla de más de 250.000 trabajadores públicos sería “incalculable”, admiten desde Hacienda. El Sindicato de Enfermería Satse es uno de los más beligerantes en esta lucha. No se sientan en las negociaciones porque la Junta ha limitado las negociaciones a la mesa central, evitando conversaciones ‘sectoriales’. La rama sanitaria de CCOO también está convocando paros y movilizaciones a las puertas de los hospitales andaluces para reclamar las 35 horas.

Desde el Gobierno andaluz descartan atender esta reclamación. Formalmente alegan que el recurso del Ejecutivo central contra Castilla-La Mancha imposibilita volver a las 35 horas. “¿Para qué vamos a aprobarlo? ¿Para que el Gobierno recurra al TC y tumbe esa medida?”, se preguntan fuentes de la Junta. Admiten además que no sería posible asumir, “en estos momentos”, el coste de una medida de esas características. “El Presupuesto de 2016 es el que es. No hay posibilidad ninguna. Estamos sujetos a condiciones muy duras por el Ministerio de Hacienda”, zanjan desde la Consejería andaluza. Desde los sindicatos exigen un gesto, “al menos, el compromiso de que se volverá a las 35 horas a partir del 1 de enero de 2017” o “que se apruebe, aunque llegue al Tribunal Constitucional y se suspenda”.

El PP, a favor en Andalucía

La jugada política para el Gobierno de Susana Díaz sería redonda, aprobaría esa medida para los funcionarios que actuaría como un fuerte reclamo electoral a sabiendas de que no se llevará a cabo. Pero sin disponibilidad presupuestaria no es posible, insisten en Hacienda. “Ahora mismo hay un Gobierno del PP en funciones, y no se sabe qué puede pasar”, apuntan desde los sindicatos que se sientan en las negociaciones. Además, hay caminos alternativos que permiten burlar la ley estatal; así se hace en el País Vasco, flexibilizando los horarios de entradas y salidas o solapando turnos para reducir esas dos horas y media a la semana. En el caso de Andalucía, el PP está a favor de la vuelta a las 35 horas, en contra del criterio del Gobierno de Rajoy. Ha votado a favor de esta medida y baraja registrar una iniciativa en el Parlamento en este sentido. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene previsto reunirse con responsables de CSIF la próxima semana.

En el caso de la plantilla sanitaria en Andalucía (93.366 personas), la vuelta a las 37,5 horas abrió un dura batalla. El reparto que hizo el Servicio Andaluz de Salud hace tres años, por orden del Gobierno central, tiene varias sentencias en contra y no ha sido corregido, a juicio de los sindicatos. La aplicación “arbitraria” de esta ampliación horaria ha generado un fuerte conflicto en hospitales y centros de salud que han redundado aún más en la situación de “agravio” y confrontación entre la cúpula directiva y la plantilla sanitaria. Para el resto de trabajadores públicos se permitió que se recuperara media hora más cada día hasta llegar a las 37,5 horas, En el caso del SAS, se impusieron los turnos sin acuerdo de los sindicatos. La campaña electoral del 26-J puede ser ‘movida’ para el PSOE andaluz que sabe de primera mano, lo ‘sufrió’ en 2012 tras la polémica reordenación del sector público con manifestaciones y protestas masivas de sus empleados, que su plantilla es una bolsa de votantes clave para el 26-J.

Fuente: elconfidencial.com

 

 

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