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CCOO, CSI-F y UGT formalizan la demanda contra el RD de prescripción

news paper8Las tres organizaciones sindicales exponen al Tribunal Supremo tres puntos fundamentales para argumentar su decisión

Fuente: Redacción Médica 19/05/2016

Las organizaciones sindicales CCOO, CSI-F y UGT han formalizado la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de enfermeros.

Desde los sindicatos recuerdan que el Real Decreto 954/2015, que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte del personal de Enfermería fue aprobado el pasado mes de noviembre por el Consejo de Ministros, pero apunta que “en la práctica no se está aplicando por el conflicto y la incertidumbre que ha generado en los profesionales, que no saben a qué atenerse, por los requisitos exigidos en la norma”.

En este sentido, argumentan que el recurso ha sido fundamentado en tres motivos. El primero es que la norma ha sido aprobada sin la necesaria negociación con los sindicatos, “invadiendo competencias del ámbito y vulnerando la Ley de Libertad Sindical”. A esto suman que el borrador que llegó al Consejo de Estado durante el trámite de consultas “no se corresponde con el que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE” y, finalmente, que “la norma exige como requisito para la prescripción de medicamentos una formación adicional (un curso de 180 horas, equivalentes a 6 créditos ECTS) que, desde el punto de vista de estas organizaciones sindicales, no es necesaria, puesto que los contenidos ya están incluidos en el periodo de formación universitaria”.

Los sindicados critican la falta de consenso tanto profesional, como sindical y político en la aprobación de esta norma. De esta manera, consideran “incomprensible que un Real Decreto que ha recibido la oposición y el rechazo de la mayoría de las asociaciones profesionales, de numerosos Gobiernos de Comunidades Autónomas, y de los principales sindicatos se haya aprobado por un Gobierno en funciones”.

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